El Místico

jueves, 24 de abril de 2014

Inyecciones


Inyecciones



Dos presos que debían ser ejecutados en la segunda quincena de abril en el estado norteamericano de Oklahoma consiguieron demorar su tétrico final tras plantear que la justicia no ha sido capaz de informar dónde adquirió las inyecciones para matarlos ni cual es la fórmula elegida para mandarlos al otro mundo.

Siguiendo los intrincados caminos que suelen comenzar en los tribunales y concluir en el corredor de la muerte, Clayton Lockett y Charles Warner ya habían agotado todas las apelaciones y aguardaban que se cumpliera la sentencia, cuando a sus abogados se les ocurrió una medida desesperada de esas que uno supone sólo existen en la imaginación de los buenos guionistas.

Así como debe respetarse la exigencia de que los candidatos a la ejecución estén sanos –un doméstico resfrío puede hacer aplazar la ceremonia del adiós– el estado está obligado a informar con todo detalle el método que empleará para quitarle la vida a un reo.Y precisamente ahí los defensores de Lockett y Warner encontraron la grieta que les permitió desmoronar una estructura que parecía inconmovible.

Es que hace tres años que la empresa Hospira suspendió la fabricación del pentotal sódico, el anestésico que se usaba para los sentenciados a muerte. Los estados que contemplan la pena capital y que, en consecuencia, suelen tener reclusos que están aguardando recibir la inyección letal, se dispusieron a aprovisionarse en Europa; pero, por esas cosas de la evolución de las leyes y de las costumbres, la Comisión Europea decidió prohibir la exportación a fines de colaborar con la iniciativa de terminar con la tortura y las ejecuciones.

Por una vez la discusión en Oklahoma no pasa por la cuestión de fondo, es decir, si en el siglo XXI debe seguir existiendo la pena de muerte, sino algo mucho más sencillo: dónde adquirir el par de ampollas indispensables para la ejecución. El tema parece menor pero no lo es porque su planteo ha posibilitado, por ahora, un aplazamiento que los abogados aspiran a prolongar a la espera de que alguna vez triunfen los abolicionistas.

En cuanto a los directamente beneficiados por la falta de pentotal sódico, Clayton Lockett iba a pasar a mejor vida el martes 22 tras ser hallado culpable del secuestro, violación y asesinato de una adolescente de 19 años en 1999. Su amigo Charles Warner fue acusado de la violación y homicidio de una beba de 11 meses en 1997 y tenía fecha de ejecución para el 29.

Ambos demandaron al estado de Oklahoma por la falta de transparencia en la obtención y la composición de la inyección elegida para matarlos. Durante el pasado mes de marzo la corte declaró inconstitucional una ley de 2011 que permitía el derecho a conservar en secreto la información sobre los proveedores.

Con esa naturalidad tan propia de cualquiera de las incontables series y películas sobre la pena capital, los mismos jueces que convalidan una medida sin retorno coincidieron en resolver que el que espera ser ejecutado “tiene derecho a saber cómo se lo matará y cuestionar, si lo considera pertinente, la combinación de drogas utilizada”.

La decisión del tribunal fue apelada por el fiscal general del estado, Scott Pruitt, pero hasta tanto se expida, Lockett y Warner disfrutan de la postergación si es que puede emplearse el término para dos personas que hace mucho que se encuentran al borde del cadalso y que, a lo sumo, avanzan o retroceden un par de metros hasta que algún abogado tan brillante como el que les ha tocado en suerte, encuentre la justificación adecuada. O aparezca un nuevo fabricante de pentotal.



*

No hay comentarios:

Publicar un comentario